Un caso reciente en la Universidad de Cornell, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, volvió a poner el foco en lo complicado que es para las víctimas de agresión sexual buscar justicia dentro de los campus universitarios. Una exalumna identificada solo como Jane Doe presentó una demanda civil en la que asegura que fue drogada y violada por varios integrantes de una fraternidad (asociaciones estudiantiles exclusivas, comunes en universidades estadounidenses) en 2024. Aunque ella denunció el hecho ante la policía del campus y se informó al Ministerio Público local, en su momento no se presentaron cargos. Esta semana, sin embargo, la fiscalía del condado decidió reabrir la investigación.
Cornell defendió su actuación, asegurando que siguió los lineamientos del Título IX, una ley federal que obliga a las universidades a investigar este tipo de denuncias. La institución indicó que, tras el proceso, la fraternidad fue vetada del campus y varios estudiantes fueron suspendidos o expulsados.
Especialistas y sobrevivientes coinciden en que este caso refleja un problema más amplio: los procesos para denunciar agresiones sexuales en universidades suelen ser confusos, varían de una institución a otra y resultan agotadores emocionalmente, sobre todo para quienes apenas comienzan su vida universitaria. Expertos señalan que esta complejidad es una de las razones por las que la mayoría de las agresiones sexuales en campus nunca se denuncian.
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Fuente: Cornell case highlights 'draining' maze for victims to report campus sex assaults (feeds.bbci.co.uk).
Imagen: jpbourque, BY-SA 2.0 (vía Openverse).