Entérate de la normativa revocada de inmigración llamada “Carga Pública”
El gobierno del presidente Joe Biden revocó oficialmente una normativa que impedía que los inmigrantes obtuvieran la residencia legal si se habían beneficiado de ciertas prestaciones del gobierno, conocida como «carga pública», lo que permitirá volver a una política anterior de menor alcance.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) dijo que una nueva norma para la llamada “carga pública” entraría en vigencia a fines de diciembre, aunque el gobierno de Biden ya había dejado de aplicar la versión anterior el año pasado.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró en un comunicado que el cambio “garantiza un trato justo y humano” hacia los inmigrantes. “En congruencia con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar acceder a las prestaciones de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, aseguró.
La anterior normativa de carga pública prohibía que las personas pudieran obtener tarjetas de residencia (las llamadas “green cards”), si significaban una carga para los contribuyentes de Estados Unidos. Durante los años anteriores al gobierno del presidente Donald Trump, se interpretó que eso dependía principalmente de la asistencia en efectivo, el mantenimiento de los ingresos o el apoyo del gobierno para la institucionalización a largo plazo.
No obstante, el gobierno de Trump amplió las prestaciones contempladas para incluir la asistencia no monetaria, como los cupones de alimentos y el Medicaid, el programa gubernamental de asistencia médica para los pobres o discapacitados. Hubo numerosas impugnaciones legales, pero se permitió que se implementara en 2020. Las impugnaciones legales continuaron y, en 2021, el gobierno de Biden dijo que no continuaría defendiendo la normativa.
El anuncio fue bien recibido por los defensores de los inmigrantes, que dijeron que la norma ampliada del gobierno de Trump había creado un ambiente difícil para quienes buscaban la residencia legal.
“La regulación sobre carga pública causó tal temor entre los inmigrantes que buscaban solicitar legalmente una green card, que muchos optaron por renunciar a la atención médica y al apoyo económico vital”, señaló en un comunicado el presidente de la American Immigration Lawyers Association, Jeremy McKinney.
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