Inmigrantes preocupados por eliminación del TPS
Las organizaciones empezaron esta semana a movilizarse y a preparar acciones para exigir a la administración de Joe Biden, que considere una nueva extensión del TPS; o una alternativa para que los más de 250 mil inmigrantes amparados al estatus puedan acceder a procesos de residencia en el país.
“Sería catastrófico para las familias con tps. Quedaríamos sin un estatus con el que tenemos estabilidad, podemos trabajar y proveer para nuestras familias. Yo como cabeza de familia y como proveedora principal quedaría sin la fuente con la cual yo llevo alimento para mis hijos, con la que pago la hipoteca de la casa de mis hijos”,
Entre los grupos y las organizaciones de apoyo a inmigrantes se ha corrido la voz que indica que la Corte podría emitir el fallo avalando la cancelación del TPS antes de que finalice este año, y antes de que venza la última prórroga del programa, que tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2022.
La Casa Blanca y representantes de TPS han sostenido reuniones durante los últimos meses para tratar el tema.
Sin embargo, ninguna de las partes aceptó las propuestas que discutieron, entre estas -señaló una fuente anónima- que se retirara la demanda en contra de la cancelación y que se crearan opciones para iniciar procesos de residencia.
Luego de la medida que tomó la Casa Blanca para frenar la entrada de venezolanos en la frontera sur del país, con la implementación del Título 42, la preocupación aumentó la administración no ha mostrado interés en resolver el tema del TPS o de la reforma migratoria.
“Actualmente lo que sabemos es que se extiende única y exclusivamente en el asertivo de que hay que esperar la decisión final de la corte. Pero, y aunque se conozca ese fallo, esa decisión solo indica que se amplía por 365 días más. Es decir, hasta el 30 de diciembre de 2023 todos los que tienen TPS quedarían en la ilegalidad con la orden final”, explicó el experto en migración Roberto Sarmiento.
Según el experto, si la decisión de la Corte dice que es ilegal la cancelación del TPS ordenada por Donald Trump en 2017, los portadores de los TPS quedarían sin protección migratoria a partir del 30 de diciembre de 2023.
Mientras que, si la Corte falla a favor de la cancelación antes del 31 de diciembre, los beneficiarios quedarían en la irregularidad a partir del 1 de enero de 2023.
En ambos casos y a partir de esas fechas -explica el experto- “lo que haría el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es empezar a deportar personas que no llenen requisitos de permanencia, que no cuenten con estatus legal o que no tengan procesos de cambio de estatus abiertos, los que han tenido órdenes de deportación previa o los que tienen algún récord criminal en el país”.
El TPS ha estado vigente para ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua desde hace 21 años, cuando el huracán Mitch golpeó a los países de Centroamérica.
El beneficio fue a partir de la situación de calamidad que sufrieron los tres países. Luego se incorporó Haití, después de los terremotos que golpearon la isla en 2010, y Sudán en 2013.
Para una nueva extensión o se instaure un nuevo TPS o beneficio migratorio similar se requiere el aval del presidente y que exista, además, una solicitud formal de apoyo de parte del gobierno del país de origen de los ciudadanos que serían beneficiados con el estatus migratorio.
Las opciones que tienen los portadores de TPS ante el panorama incierto que se avecina, es iniciar procesos de cambio de estatus si están casados con un residente o ciudadano estadounidense, o si tienen hijos nacidos en el país. En estos casos, el proceso obliga a salir de Estados Unidos y reingresar al país, con un advance parole, poco tiempo después de las fechas de vencimiento del TPS.
Aquellos que no pueden iniciar este tipo de procesos son quienes corren más riesgo: en caso de que tengan una orden de deportación previa o si el DHS ejecuta deportaciones “express” son los más propensos a ser afectados con este tipo de medidas.
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